La Justicia de San Isidro ha ordenado detener de forma preventiva las obras del proyecto inmobiliario Black Martínez, previsto en el antiguo predio de la fábrica de Cheeky, en la localidad argentina de Martínez. La medida responde a la posible presencia de sustancias contaminantes en el terreno y afecta a las tareas de demolición y movimiento de suelo, según la información publicada el 20 de noviembre de 2026 por La Noticia Web.
Una suspensión cautelar mientras se revisa el terreno
El Juzgado Correccional número 3 de San Isidro, a cargo de la jueza Mariela Carla Quintana, ha establecido una interrupción inicial de 15 días. Se trata de una decisión preventiva, no de una conclusión sobre la existencia efectiva de contaminación ni sobre la responsabilidad de las empresas vinculadas al proyecto. El objetivo es evitar que las obras alteren el suelo mientras se reúne información sobre las condiciones ambientales del predio.
La resolución judicial reclama a las empresas implicadas y a la Municipalidad de San Isidro que presenten documentación en un plazo de cinco días. Entre los documentos solicitados figuran los estudios de impacto ambiental, los análisis del suelo y la información relativa al tratamiento de materiales que pudieran contener asbesto. La petición también incluye los procedimientos previstos para manipular y gestionar esos materiales.
- La paralización afecta a la demolición y al movimiento de tierras.
- La suspensión tiene carácter cautelar y una duración inicial de 15 días.
- La Justicia ha pedido estudios ambientales, análisis del suelo y documentación sobre posibles materiales con asbesto.
Vecinos alertan sobre posibles sustancias peligrosas
La actuación judicial se produjo después de una presentación impulsada por Andrea Mateo, abogada e integrante de la Asamblea de Vecinos Ex Predio Cheeky. Los residentes han expresado su preocupación por la posible presencia de asbesto, mercurio y cadmio, sustancias que, de confirmarse, exigirían procedimientos específicos de identificación, manipulación y tratamiento.
La información disponible no acredita que esos contaminantes estén presentes en el terreno. La referencia a ellos procede de las advertencias vecinales y forma parte de las cuestiones que deben aclararse mediante la documentación y los análisis reclamados por el juzgado. La decisión, por tanto, mantiene abierta la investigación ambiental del antiguo recinto industrial.
Un proyecto de 309 viviendas y una alternativa vecinal
El conflicto ambiental se suma a la discusión sobre la transformación urbana prevista. El emprendimiento Black Martínez contempla unas 309 unidades habitacionales, según la información difundida sobre el proyecto. La dimensión de la actuación ha generado objeciones entre residentes de la zona, que reclaman que el terreno se destine a un parque público.
La disputa reúne así dos cuestiones distintas pero relacionadas: la necesidad de determinar si el suelo presenta contaminación y el debate sobre el uso futuro del predio. Antes de que puedan reanudarse las obras, la documentación solicitada deberá permitir valorar el estado ambiental del lugar y las medidas previstas para gestionar cualquier material potencialmente peligroso. Mientras tanto, la paralización conserva su carácter provisional y no supone una resolución definitiva sobre el proyecto inmobiliario.