La Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú denunció el 31 de octubre de 2026 que el Gobierno Municipal le impidió colocar una pancarta en el puente Méndez Casariego, conocido como puente naranja. El colectivo sostiene que el veto se produjo en el contexto del Mundial de Canotaje celebrado recientemente en la localidad, cuando el paso se convirtió en uno de los puntos de mayor visibilidad para residentes y visitantes.
La organización pretendía instalar el paño con el lema “Sí a la vida”, una enseña que, según su propia explicación, representa años de movilización en defensa de la salud de la población, del río Gualeguaychú y de los bienes comunes. La acusación se refiere a una decisión municipal concreta, pero el Ayuntamiento no ofrece en la información difundida por la entidad su versión sobre los motivos de la prohibición ni sobre los criterios aplicados al uso del puente durante la competición.
“Denunciamos públicamente que el Municipio le prohibió a nuestra comunidad colgar el histórico y emblemático paño con la leyenda ‘Sí a la vida’ en el Puente Méndez Casariego”.
La Asamblea considera que la retirada de la pancarta no fue una cuestión meramente organizativa. A su juicio, impedir que el mensaje quedara expuesto durante un acontecimiento con asistencia de público evitó que una reivindicación ambiental de larga trayectoria pudiera ser conocida por los participantes y por quienes acudieron a la ciudad. La entidad interpreta esa actuación como una forma de censura, una calificación que corresponde a su denuncia y que no equivale, por sí sola, a una resolución oficial sobre lo ocurrido.
Una protesta ligada al agua y al territorio
El episodio se inscribe, según el colectivo, en una disputa más amplia sobre la relación entre la promoción turística de Gualeguaychú y la respuesta institucional ante los problemas ambientales de la zona. La Asamblea reprocha al municipio que presente los valores naturales del río como atractivo para acontecimientos internacionales mientras, en su opinión, mantiene una posición insuficiente ante la crisis socioambiental que afecta a la región.
En su comunicado, la organización resume sus principales reclamaciones en tres ejes:
- el reconocimiento del derecho de la comunidad a expresar públicamente sus demandas ambientales;
- la defensa de la salud y del río Gualeguaychú frente a los problemas que el colectivo considera pendientes;
- una actuación municipal que, a su juicio, sea compatible con la protección de los bienes comunes y con la memoria de las movilizaciones ciudadanas.
La entidad también cuestiona que la ciudad sea mostrada únicamente como un escenario natural para eventos y actividades turísticas. En su valoración, Gualeguaychú es ante todo una comunidad organizada, con una trayectoria propia de participación en la defensa del agua y de la vida. El mensaje pretende así desplazar el foco desde la imagen exterior del municipio hacia las demandas ambientales que la Asamblea afirma que siguen sin respuesta.
La versión municipal, pendiente
La información difundida recoge la posición de la Asamblea Ciudadana Ambiental, pero no incorpora una explicación del Gobierno Municipal sobre la decisión de no autorizar la pancarta. Por ello, no permite determinar si la medida respondió a razones de seguridad, organización del evento, uso del espacio público u otros motivos, ni si se aplicó alguna restricción similar a otros mensajes o actividades.
La controversia vuelve a poner sobre la mesa la tensión entre la gestión de los espacios públicos durante acontecimientos de gran afluencia y la presencia de organizaciones que utilizan esos mismos lugares para hacer visibles conflictos ambientales. En este caso, la Asamblea reclama que la imagen de una ciudad vinculada al río no oculte las reivindicaciones de quienes sostienen que la protección del entorno y la salud deben formar parte del debate público local.
