El Consejo de Ministros aprobó este viernes, 20 de noviembre de 2026, un real decreto para regular la sostenibilidad de los centros de datos, en un momento de expansión de este tipo de infraestructuras en distintos puntos de España. El contenido disponible no detalla todas las obligaciones incluidas en el texto definitivo, pero la norma aborda un sector cuyo crecimiento plantea retos relacionados con el consumo energético y la planificación de la red eléctrica.
Ecologistas en Acción ha recibido la aprobación de forma positiva, aunque considera que el decreto todavía puede reforzarse. La organización sostiene que la proliferación de proyectos hace necesario ordenar su implantación y evitar que las nuevas demandas eléctricas se incorporen sin una planificación suficiente. Su valoración procede de un comunicado difundido tras la decisión del Ejecutivo y no equivale a una evaluación independiente del impacto final de la norma.
“Su aprobación llega en un momento en que proliferan los proyectos por todo el territorio y resulta necesario planificar la red eléctrica”.
La entidad ecologista vincula el debate regulatorio con el coste que podría tener para el sistema eléctrico la expansión de estas instalaciones. En el mismo comunicado cita un estudio de modelización de investigadores de la Universidad Técnica de Berlín, según el cual la factura de la luz aumentaría en 2.000 millones de euros al año si no se aprobara el real decreto. La cifra es una estimación del estudio mencionado por la organización, no un dato observado del mercado eléctrico, y el contenido disponible no especifica su fecha, metodología ni escenario de cálculo.
Críticas al régimen transitorio
La principal reserva expresada por Ecologistas en Acción se refiere a la posibilidad de que algunos requisitos de consumo energético no sean exigibles de inmediato. La organización afirma que el Gobierno ha introducido un régimen transitorio para su cumplimiento y considera que esa excepción reduce parcialmente el alcance de una regulación concebida, según su interpretación, para poner fin a la falta de controles específicos sobre el sector.
La asociación también denuncia que los promotores de centros de datos ejercieron presión durante la tramitación. En particular, atribuye a SpainDC, agrupación de empresas promotoras en España, la advertencia de que podría acudir a los tribunales si se aprobaba la propuesta normativa. Se trata de una acusación formulada por la organización ecologista en su comunicado, no de una resolución judicial ni de una confirmación independiente incorporada a la información disponible.
Movilizaciones y participación pública
La aprobación se produce después de las movilizaciones celebradas los días 6 y 7 de noviembre de 2026 dentro de la convocatoria europea Stop Dirty Data Centres. Ecologistas en Acción asegura que hubo concentraciones y manifestaciones en varias localidades españolas, entre ellas Madrid, Cerdanyola del Vallès, Granada, Lugo, Zamora, Zaragoza, Huesca, Navarra, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Huelva.
- La organización reclama un despliegue ordenado de los centros de datos.
- Su posición incluye una planificación de la red eléctrica acorde con la nueva demanda.
- Considera insuficiente el periodo transitorio para aplicar los requisitos de consumo energético.
La entidad señala que participó, junto con organizaciones ecologistas, rurales y de defensa del territorio, en los procesos de participación pública y que trasladó sus propuestas al Consejo de Estado durante el trámite de audiencia. Ecologistas en Acción ha indicado que analizará el texto definitivo antes de fijar una valoración completa. Por ahora, su posición combina el reconocimiento de la aprobación como un avance regulatorio con la advertencia de que el marco final debería limitar con mayor claridad el impacto energético de unas infraestructuras cuya implantación continúa extendiéndose.