La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, promulgó el jueves la reforma de la Ley Orgánica del Servicio Eléctrico Nacional, una norma que modifica el modelo de participación en el sistema energético del país. El texto, aprobado previamente por el Parlamento venezolano, autoriza la entrada de capital privado nacional e internacional y establece un nuevo organismo para supervisar la actividad eléctrica.
La principal novedad es que las empresas privadas podrán intervenir en la generación de electricidad. El ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, afirmó que el alcance de la reforma cubre toda la cadena del sector: generación, transmisión, distribución y comercialización. La norma, por tanto, no se limita a permitir nuevos proyectos de producción, sino que abre la puerta a la participación privada en distintas fases del suministro.
“Es una ley que da un paso histórico, un paso adelante”.
Rodríguez defendió la reforma durante la Expo Venezuela Energética Capítulo Oriente 2026 y vinculó la necesidad de reforzar el suministro con el aumento de la demanda. Según explicó la presidenta encargada, ese incremento está relacionado con el crecimiento económico y con las altas temperaturas asociadas al fenómeno de El Niño. La atribución corresponde a Rodríguez y no a una evaluación independiente incluida en la información publicada por Infobae.
Un regulador para el operador público y las empresas privadas
La ley crea la Superintendencia Nacional del Sistema Eléctrico, adscrita al Ministerio de Energía Eléctrica. El nuevo ente tendrá funciones de regulación e inspección tanto sobre el operador público como sobre las compañías privadas que se incorporen al sector. Su papel será, por tanto, controlar el funcionamiento de los distintos participantes en un sistema que hasta ahora estaba dominado por la gestión pública, según el alcance descrito en la información.
- Capital privado: podrán participar compañías venezolanas y extranjeras.
- Ámbitos de actividad: la reforma incluye generación, transmisión, distribución y comercialización.
- Supervisión: la nueva superintendencia inspeccionará al operador público y a las empresas privadas.
- Incentivos: el texto incorpora medidas fiscales para facilitar la búsqueda de capital.
Autogeneración para el sector de los hidrocarburos
La reforma añade también un capítulo dedicado a la autogeneración eléctrica en la industria de los hidrocarburos. El objetivo señalado es que las operaciones petroleras produzcan energía para su propio consumo y reduzcan la presión sobre la red nacional. La información no precisa qué instalaciones se acogerán a este mecanismo, qué volumen de generación se espera ni cuándo comenzará su aplicación.
La medida se presenta en un contexto de cortes de electricidad cada vez más prolongados en algunas zonas del país. La información difundida recoge protestas vecinales por los apagones en Guacara, en el estado de Carabobo, el 30 de septiembre de 2026. Frente a esta situación, el Gobierno venezolano defiende un modelo económico diversificado, que Rodríguez describió como “no rentista petrolero”, mientras la nueva ley intenta atraer recursos privados para ampliar y reforzar el sistema eléctrico.
La promulgación establece el marco legal para esa apertura, pero la información publicada no detalla todavía qué empresas participarán, qué proyectos se pondrán en marcha ni cómo se concretarán los incentivos fiscales. Tampoco precisa el calendario de funcionamiento de la nueva superintendencia. Esos elementos determinarán cómo se traduce la reforma en nuevas instalaciones, en la operación de la red y en la continuidad del suministro.