El acuerdo provisional alcanzado por el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo para revisar las reglas de producción, certificación y etiquetado ecológico introduce algunas facilidades para los operadores de menor tamaño, aunque mantiene abierto el debate sobre el uso del logotipo europeo por mercancías procedentes de fuera de la Unión. La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) analizó el pacto en una nota publicada el 13 de noviembre y considera que sus avances son insuficientes para proteger la diferenciación de las producciones comunitarias.
Uno de los cambios destacados consiste en ampliar de 20.000 a 40.000 euros el umbral de facturación que permite a determinados pequeños operadores locales acogerse a una exención de certificación. Según COAG, esta modificación puede aliviar los gastos y la carga administrativa de las explotaciones de dimensiones reducidas. La organización valora especialmente que el nuevo límite tenga en cuenta la dificultad que supone para estos productores asumir los costes asociados al sistema de control ecológico.
Un distintivo común para producciones con reglas distintas
La principal objeción de la organización agraria se centra en que algunos alimentos importados puedan utilizar el mismo emblema ecológico que los obtenidos dentro de la UE cuando cumplan las condiciones previstas en el acuerdo. COAG sostiene que los productores europeos han invertido durante años en construir una imagen asociada a exigencias específicas de producción y teme que esa identificación comercial pierda capacidad para distinguir el origen y el marco regulatorio aplicado.
“Una reputación que hemos construido nosotros”.
Con esta expresión, Sergio López, responsable del Área de Agricultura y Ganadería Ecológica de COAG, resumió la preocupación de la organización por la posibilidad de que operadores de terceros países se beneficien de la confianza acumulada por el sector europeo. La afirmación pertenece a la valoración de COAG sobre el pacto y no constituye una conclusión independiente de las instituciones europeas.
- El umbral de facturación para la exención de certificación pasaría de 20.000 a 40.000 euros.
- El acuerdo prevé límites para el uso del logotipo en ciertos alimentos transformados con menos de un 5 % de ingredientes procedentes de terceros países.
- Las producciones extracomunitarias sometidas al régimen de equivalencia afrontarían requisitos más estrictos.
El texto también contempla restringir el empleo del logotipo en determinados productos transformados que incorporen menos de un 5 % de ingredientes originarios de países no comunitarios. Además, endurece las condiciones aplicables a las producciones de fuera de la UE que acceden al mercado mediante el régimen de equivalencia. COAG reconoce estas modificaciones, pero entiende que no resuelven la cuestión central: que el distintivo pueda seguir identificando productos europeos e importados bajo un mismo marco visual.
La preocupación por la deslocalización
La organización agraria advierte asimismo de que el diseño final de las reglas podría favorecer el traslado de determinadas actividades productivas fuera del territorio comunitario si los operadores mantienen después el acceso al mismo reconocimiento comercial. En su valoración, esa posibilidad introduciría una desventaja para agricultores y ganaderos europeos que soportan los costes de las exigencias comunitarias y podría debilitar la confianza del consumidor en el sello.
El alcance definitivo de la reforma dependerá de la tramitación del acuerdo provisional entre las instituciones europeas. Mientras tanto, el debate enfrenta dos objetivos: reducir los trámites que pesan sobre las pequeñas explotaciones y preservar una identificación clara de las producciones ecológicas europeas frente a las importaciones. COAG reclama que el distintivo no pierda su valor como referencia para quienes producen dentro de la Unión bajo sus normas específicas.