Ecologistas en Acción ha presentado un recurso de alzada contra la autorización de la Junta de Castilla y León que permite quemar rastrojos agrícolas durante la campaña 2026/2027. La organización solicita que la medida quede suspendida de forma cautelar e inmediata mientras se revisan sus fundamentos jurídicos, la documentación técnica y sus posibles efectos ambientales.
La resolución recurrida fue aprobada el 8 de octubre de 2026 y publicada al día siguiente en el Boletín Oficial de Castilla y León. La Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera vinculó el permiso para realizar quemas controladas con el control de las poblaciones de topillo campesino, según la información difundida sobre el recurso. La entidad ecologista cuestiona, sin embargo, que esa justificación permita aplicar la autorización en todo el territorio autonómico sin que se hayan hecho públicos todos los documentos que la respaldan.
Un expediente cuya motivación está en disputa
La organización sostiene que la resolución incurre en una falta de motivación y transparencia porque remite a un informe técnico del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León y a un acuerdo del Consejo de Gobierno cuya documentación, afirma, no se ha divulgado íntegramente. A su juicio, esa falta de información impide comprobar si existen datos suficientes para acreditar que la quema es una respuesta proporcionada y necesaria frente a la presencia del roedor.
“No se ha hecho pública de forma completa”
Con base en el artículo 53 de la Ley 39/2015, Ecologistas en Acción ha pedido acceso al expediente administrativo completo, incluidos los informes técnicos del Itacyl y las evaluaciones ambientales relacionadas con la autorización. La petición forma parte del recurso presentado contra la decisión autonómica y pretende aclarar qué alternativas fueron estudiadas antes de permitir el uso del fuego sobre los restos agrícolas.
La quema como último recurso
El segundo eje de la impugnación se refiere a la Ley 7/2022, de Residuos y Suelos Contaminados. La organización interpreta que su artículo 27.3 prohíbe con carácter general la quema de residuos vegetales y que solo contempla la quema fitosanitaria como último recurso. Según su argumentación, la Administración tendría que explicar por qué otros tratamientos resultan ineficaces antes de autorizar esta práctica.
- La autorización se aplica a la campaña agrícola 2026/2027.
- La Junta la relaciona con el control del topillo campesino.
- Ecologistas en Acción reclama los informes del Itacyl, el acuerdo del Consejo de Gobierno y las evaluaciones ambientales.
- La entidad también invoca la normativa de prevención de incendios.
La crítica ecologista es que la resolución convierte la quema en una actuación autónoma, sin exigir ni valorar expresamente la idoneidad de otras medidas. La entidad afirma que ese planteamiento entraría en conflicto con el principio de excepcionalidad que atribuye a la legislación estatal para las quemas fitosanitarias. Estas son alegaciones de la organización, que deberán ser examinadas en el procedimiento administrativo.
La prevención de incendios, otro punto de conflicto
El recurso también plantea una posible incompatibilidad con la Orden FYM/510/2013, que, según Ecologistas en Acción, prohíbe durante todo el año la quema de rastrojos en montes y terrenos rústicos situados a menos de 400 metros de esas superficies. La organización considera que la autorización autonómica no puede contradecir esa prohibición y reclama que se analice la decisión a la luz de las obligaciones de prevención de incendios.
La Junta de Castilla y León no aparece en la información disponible con una respuesta específica a los argumentos del recurso. La solicitud de suspensión cautelar y la petición del expediente completo abren ahora una discusión administrativa sobre el alcance territorial de la medida, la base técnica empleada para justificarla y la existencia de alternativas a la quema de restos agrícolas.