Las movilizaciones convocadas en Chile bajo la consigna «No a Dominga» han vuelto a situar el proyecto minero-portuario de Andes Iron en el centro del debate ambiental del país. Las protestas, celebradas el 31 de octubre en distintas ciudades, reunieron a organizaciones ecologistas, comunidades y ciudadanos que reclaman la protección del Archipiélago de Humboldt, un espacio de elevada biodiversidad marina y de importancia para las actividades productivas locales.
Greenpeace Chile aprovechó la jornada para pedir al Gobierno del presidente José Antonio Kast que respete los rechazos ambientales que ha recibido la iniciativa. La organización cuestiona especialmente la posibilidad de que el Comité de Ministros vuelva a examinar una eventual aprobación administrativa de Dominga, después de que el proyecto haya obtenido, según Greenpeace, tres decisiones ambientales desfavorables.
Una nueva vía administrativa en el centro de la disputa
La controversia se ha intensificado tras el cambio de estrategia procesal de la empresa promotora. De acuerdo con la información difundida por Greenpeace, Andes Iron retiró los recursos judiciales que mantenía para intentar revertir las resoluciones contrarias al proyecto y concentra ahora sus esfuerzos en la vía administrativa. La organización considera que ese movimiento puede abrir una nueva discusión sobre una iniciativa que ya ha sido rechazada en distintas instancias ambientales.
«El titular del proyecto ha intentado revertir los múltiples rechazos del proyecto en tribunales y hace algunas semanas, sorpresivamente, decidió revertir esa estrategia, retirando todos sus recursos judiciales y apostando todas sus fichas en la aprobación administrativa».
La declaración corresponde a Roxana Núñez, abogada de Greenpeace Chile, y fue recogida en la información sobre la movilización. La representante de la organización sostuvo que el Ejecutivo debería tener en cuenta el historial de la tramitación antes de considerar una nueva aprobación. Greenpeace vincula esa eventual decisión con la confianza en las instituciones y con la percepción de independencia de los procedimientos ambientales, aunque se trata de una valoración de la organización y no de una resolución oficial.
Biodiversidad marina y participación de las comunidades
El Archipiélago de Humboldt constituye el principal argumento ambiental de las entidades que se oponen a Dominga. Las organizaciones movilizadas defienden la protección de este territorio por su biodiversidad marina y por su relación con las actividades económicas de las comunidades locales. La protesta no se limita, por tanto, al futuro de una infraestructura concreta: también plantea qué peso deben tener la conservación del ecosistema y la participación de sus habitantes en la evaluación de grandes proyectos.
- Proyecto: iniciativa minero-portuaria de Andes Iron.
- Zona en disputa: Archipiélago de Humboldt, en Chile.
- Reivindicación: mantener los rechazos ambientales y proteger la biodiversidad marina.
- Tramitación: Greenpeace afirma que existen investigaciones judiciales por presuntos hechos de corrupción vinculados al procedimiento.
La organización ambientalista también expresó preocupación por esas investigaciones judiciales, que describió como vinculadas a presuntos hechos de corrupción en la tramitación del proyecto. Esa referencia no equivale a una condena ni permite atribuir responsabilidades, ya que las pesquisas se encuentran bajo investigación y debe respetarse la presunción de inocencia.
La decisión que pueda adoptar el Comité de Ministros determinará si la iniciativa vuelve a avanzar por la vía administrativa o si permanecen vigentes los rechazos ambientales mencionados por Greenpeace. Mientras tanto, las comunidades y las organizaciones que participaron en las movilizaciones reclaman ser escuchadas y sitúan la protección del Archipiélago de Humboldt como una condición central para cualquier resolución sobre Dominga.
