El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha puesto en audiencia pública una reforma del Real Decreto 975/2009 sobre restauración minera con el objetivo de endurecer los requisitos de seguridad y las obligaciones financieras de las empresas extractivas, según informó el propio departamento. La iniciativa responde a la necesidad, señaló el ministerio, de adaptar la norma a los avances científicos y técnicos y al nuevo marco europeo.
Qué cambia la propuesta
El texto plantea tres ejes principales: la implantación de una metodología común para calcular las garantías financieras exigibles a las empresas, el refuerzo de las exigencias técnicas y de seguridad de balsas y presas de residuos mineros, y una mayor coordinación administrativa para los procedimientos de cese de actividad y liberación de garantías, indicó el artículo.
- La metodología de cálculo de garantías será de ámbito estatal y se alineará con las directrices europeas y con la herramienta voluntaria publicada por el ministerio en 2021.
- Se distinguirán garantías destinadas a la restauración general del espacio explotado de aquellas vinculadas específicamente a instalaciones de residuos mineros, con revisiones periódicas.
- Se prevé revisar las garantías en función de las fases del proyecto y, como máximo, cada cinco años, para que los importes reflejen las actuaciones de restauración pendientes en cada momento.
La reforma incorpora además objetivos vinculados a biodiversidad, conectividad ecológica, adaptación al cambio climático y protección de la geodiversidad, e impulsa enfoques de restauración ecológica basados en las mejores técnicas disponibles: medidas para reducir la fragmentación del paisaje, favorecer polinizadores, recuperar hábitats naturales y mejorar la integración ambiental de los espacios afectados.
Calendario y proceso administrativo
El periodo de presentación de alegaciones arranca el 27 de octubre y se extiende hasta el 4 de diciembre de 2026, según la información publicada. El Miteco justifica la reforma también por las exigencias derivadas del Reglamento (UE) 2024/1991 relativo a la restauración de la naturaleza y por la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
| Elemento | Referencia |
|---|---|
| Plazo de alegaciones | 27/10/2026–04/12/2026 |
| Revisión de garantías | Cada fase del proyecto y, como máximo, cada 5 años |
La actualización normativa figura, además, entre las actuaciones prioritarias del Plan de Acción para la gestión sostenible de las materias primas minerales 2026‑2030, que busca avanzar hacia una actividad extractiva más sostenible, impulsar la recuperación y valorización de recursos contenidos en los residuos mineros y reforzar la contribución del sector minero a la transición ecológica y a la autonomía estratégica.
Implicaciones prácticas
En la práctica, la reforma pretende que las empresas aporten garantías que respondan con mayor precisión al coste real de las actuaciones de restauración pendientes y que no se liberen garantías sin la acreditación efectiva de las condiciones de seguridad y rehabilitación exigidas. También incorpora medidas para mejorar la coordinación administrativa en los procedimientos de cese de actividad y caducidad de derechos mineros.
En materia de seguridad, la propuesta endurece los requisitos técnicos aplicables a balsas, presas y escombreras de residuos mineros, aunque el texto señala que los detalles concretos sobre esos requisitos técnicos se definen en el articulado y en la metodología que acompañará al decreto.
El periodo de información pública permitirá a comunidades autónomas, empresas mineras, organizaciones ambientales y ciudadanos presentar alegaciones antes de que el Gobierno cierre la propuesta y avance hacia su aprobación definitiva.
