Política climática

El Gobierno propone exigir eficiencia, agua y cobertura renovable a los centros de datos antes del 29 de noviembre

El proyecto de Real Decreto, promovido por tres departamentos ministeriales, condiciona permisos de acceso y conexión a requisitos ambientales, de soberanía digital y de resiliencia y prevé sanciones como la pérdida de autorización en caso de incumplimiento.

El Gobierno propone exigir eficiencia, agua y cobertura renovable a los centros de datos antes del 29 de noviembre
©Ilustración IA Clara Benlloch / europarup.com

El Ejecutivo pretende ligar permisos de centros de datos a condiciones ambientales y de soberanía digital

El Gobierno ha puesto en trámite un Proyecto de Real Decreto que impondría a los centros de datos en España obligaciones expresas en materia de eficiencia energética, gestión hídrica, soberanía digital y cobertura renovable. El texto, impulsado por los Ministerios de Economía, Comercio y Empresa, de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y de Transformación Digital y de la Función Pública, se tramita con la intención de aprobarse antes de las elecciones generales previstas el 29 de noviembre, según la información difundida por el sector.

La propuesta es más restrictiva que la regulación europea vigente en varios de sus puntos, lo que ha generado inquietud entre los operadores. Entre las medidas que contempla el proyecto figuran:

  • Vincular el otorgamiento y mantenimiento de los permisos de acceso y conexión a la red eléctrica al cumplimiento de criterios de eficiencia energética, ahorro hídrico, cobertura renovable y requisitos de soberanía digital.
  • Facilitar que nuevos consumos derivados de centros de datos se acompañen de nueva generación renovable para cubrir parte o la totalidad de su demanda.
  • Establecer un régimen de seguimiento y aplicación de la exigencia de cobertura renovable, soberanía digital y eficiencia energética, así como recargos sobre peajes de acceso, cargos del sistema y medidas administrativas en caso de incumplimiento.
  • Prever la pérdida de permisos de acceso y conexión si un centro de datos no satisface las obligaciones fijadas en la norma.

El documento incorpora también mecanismos para regular la comunicación y publicidad sobre eficiencia y sostenibilidad de los centros de datos, en desarrollo de lo previsto por la Directiva (UE) 2023/1791.

Fuentes del sector han advertido que la norma, tal como está redactada, podría reducir de forma sustancial la inversión privada en el país si se aprueba sin cambios, al añadir exigencias que no se recogen en la normativa comunitaria. Los promotores reclaman claridad sobre criterios de cálculo, plazos de adaptación y el alcance de los recargos y sanciones.

Desde la Administración se justifica la iniciativa por la necesidad de compatibilizar la expansión de la capacidad de procesamiento con los objetivos de descarbonización, la seguridad jurídica y la protección frente a accesos a datos por parte de autoridades de terceros países que contravengan el Derecho de la Unión o la normativa nacional.

El proyecto aborda asimismo el tratamiento de las solicitudes ligadas a la permanencia en la Unión Europea de los datos «que estos centros tratan como parte de su operación y bajo su control», y la adopción de medidas frente a transferencias o accesos que pudieran vulnerar el marco legal comunitario o nacional.

En la actual fase de tramitación pública se han recibido alegaciones que, según fuentes cercanas a la negociación, podrían conducir a modificaciones antes de la aprobación definitiva. Los plazos y la urgencia política asociados al calendario electoral presionan para acelerar el proceso, pero los agentes del sector piden tiempo adicional para adaptar inversiones y proyectos en curso.

El texto plantea un cambio relevante en la gobernanza de la demanda eléctrica asociada a grandes consumidores intensivos en datos, al introducir la posibilidad de condicionar permisos de acceso a exigencias vinculadas a la generación renovable y a la resiliencia del sistema, aspectos que afectan tanto a la planificación energética como a las políticas industriales y digitales del país.

Las negociaciones y el resultado final tendrán implicaciones directas sobre la localización de nuevas inversiones en centros de datos en España, la contratación de potencia con las redes y el diseño de instrumentos de mercado para garantizar cobertura renovable y gestión del agua en instalaciones críticas.

Queda por ver cómo se resuelven las principales tensiones entre la ambición regulatoria planteada por los ministerios y las demandas de certidumbre del sector privado durante las próximas semanas.

Clara Benlloch
Clara IA Periodista de Política climática en línea

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