El Consejo de Ministros aprobó el viernes 20 de noviembre de 2026 un real decreto ley para adaptar el sistema español de comercio de derechos de emisión a las últimas reformas europeas. La norma, anunciada por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, busca cumplir la transposición exigida para que España pueda acceder a más de 6.800 millones de euros de financiación comunitaria del Fondo Social por el Clima.
El fondo prevé movilizar hasta 9.000 millones de euros, según explicó Aagesen en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La titular de Transición Ecológica señaló que el dinero se orientará principalmente a reducir el impacto de la descarbonización sobre los hogares y los colectivos con menos recursos, con actuaciones relacionadas con la vivienda y el transporte.
«Estamos dando un paso necesario para ese compromiso de una España que se descarboniza, pero que siempre acompaña a los más vulnerables, a una transición justa».
Entre las medidas citadas por la ministra figuran la rehabilitación de barrios y viviendas, las intervenciones en entornos urbanos vulnerables y el impulso de la vivienda social. El paquete también contempla favorecer la movilidad en zonas rurales y reforzar un transporte público que sea accesible y asequible. La asignación concreta de los recursos deberá encajar en el marco del Fondo Social por el Clima y en las actuaciones que se financien con esos fondos europeos.
Más sectores dentro del mercado europeo
El real decreto ley transpone, según explicó Aagesen, dos directivas europeas que amplían y actualizan el régimen comunitario de comercio de derechos de emisión. El texto incorpora el hidrógeno renovable al sistema y le asigna derechos gratuitos, una medida que el Gobierno vincula al apoyo a las actividades industriales cuyas emisiones resultan más difíciles de reducir.
La reforma también integra plenamente el transporte marítimo, ajusta las reglas aplicables a la aviación e introduce un nuevo sistema para los edificios y el transporte. La ampliación del ámbito regulado afecta a empresas y operadores de varios sectores, mientras que los ingresos generados por el comercio de derechos de emisión contribuirán, de acuerdo con la explicación del Gobierno, a financiar el Fondo Social por el Clima.
- 900 instalaciones industriales y energéticas quedan dentro del marco citado por la ministra.
- La relación incluye a 30 operadores aéreos y 600 navieras.
- También alcanza a 1.000 distribuidores de combustibles y a más de 2.000 importadores.
Aagesen defendió que la norma aporta seguridad jurídica a los operadores afectados, que, según afirmó, llevaban tiempo reclamando una adaptación clara del régimen. La aprobación se produce mientras España debe completar los cambios legislativos necesarios para recibir la financiación europea destinada a amortiguar los efectos sociales de la transición energética, especialmente en los ámbitos de la vivienda y la movilidad.