La Fiscalía General de la Nación anunció la captura de cinco personas vinculadas a una empresa que, según las indagaciones, realizó vertidos ilegales de residuos peligrosos que habrían afectado al canal Policarpa y a la bahía de Cartagena (Bolívar). El procedimiento se inició tras una denuncia formulada por el Establecimiento Público Ambiental (EPA) de Cartagena, que puso en marcha las averiguaciones sobre la actividad de la compañía ubicada en el barrio Arroz Barato.
Imputaciones y hallazgos forenses
Según la Fiscalía, la compañía dedicada a la recolección y tratamiento de residuos de petróleo, aceites y desechos sólidos habría operado desde 2022 sin licencia ambiental y continuado su funcionamiento pese a la adopción de al menos cinco suspensiones por parte de la autoridad ambiental. En el marco de la investigación, peritajes citados por el ente acusador señalan posibles daños a la flora y fauna, al suelo y al agua, además de advertencias sobre riesgos para la salud de habitantes que utilizarían agua afectada para cubrir necesidades básicas.
La afectación pericial también incluye la desaparición de especies animales y vegetales y la reducción de la fertilidad del terreno, según la Fiscalía. Por estos hechos fueron capturados y posteriormente imputados por el delito de contaminación ambiental:
- Omar Arturo Gutiérrez Florián, representante legal de la compañía
- Pedro Enrique Figueroa Salcedo
- Cecilio Rodríguez Amaranto
- Wilmer José Sarmiento Tejedor
- Yan Carlos Núñez Bautista
El representante legal, añade la Fiscalía, afronta además circunstancias de agravación atribuibles a su cargo en la empresa, mientras que la imputación de los demás individuos responde a la posible responsabilidad individual de cada uno en los hechos.
Antecedentes administrativos y consecuencias
La investigación, que comenzó a raíz de la denuncia del EPA de Cartagena, documentó que la empresa habría hecho caso omiso de repetidas medidas administrativas de suspensión. La Fiscalía subraya que las descargas se dirigían al canal Policarpa, una vía conectada con la bahía de Cartagena, lo que amplifica el riesgo de impacto sobre ecosistemas costeros y actividades humanas dependientes del agua.
| Concepto | Dato |
|---|---|
| Años de operación sin licencia | desde 2022 |
| Órdenes de suspensión impuestas | 5 |
| Personas capturadas | 5 |
La Fiscalía informó que una fiscal especializada de la Seccional Bolívar formuló las imputaciones y que las circunstancias concretas de la acusación varían según la presunta participación de cada detenido. Los hechos describen, en términos del ente acusador, una conducta reiterada que habría continuado pese a las medidas preventivas y administrativas dictadas por la autoridad ambiental local.
Implicaciones ambientales y sociales
Los peritajes citados por la Fiscalía remarcan riesgos directos sobre recursos hídricos y suelos, y mencionan perjuicios a la biodiversidad y a la salud pública en comunidades próximas que podrían haber utilizado agua contaminada. La posible pérdida de fertilidad del terreno y la disminución de especies locales son consecuencias que, si se confirman, obligarán a medidas de restauración ambiental y a evaluaciones de riesgo para poblaciones afectadas.
La actuación conjunta del EPA y la Fiscalía ilustra el papel de los controles administrativos y las investigaciones penales en la detección y persecución de vertidos ilegales. El caso también subraya la necesidad de vigilancia continua sobre instalaciones que gestionan residuos peligrosos, y la importancia de que las sanciones administrativas se acompañen de mecanismos efectivos de cumplimiento para evitar la reiteración de actividades contaminantes.
La investigación continúa abierta y la Fiscalía anunció que profundizará en la identificación de responsabilidades y en la valoración del daño ambiental, con las medidas judiciales correspondientes.
