La Guardia Civil ha investigado a tres personas y a una empresa por el presunto vertido ilegal de residuos al pantano del Chanza (Huelva) mediante un complejo entramado de tuberías y bombeo ocultas al cauce de la rivera de Calaboza, informó la propia Guardia Civil el 25 de octubre de 2026. El líquido detectado corresponde a alpechín, un residuo de la producción de aceite y aceitunas con elevada carga orgánica y potencial contaminante.
Hallazgo y trazado del vertido
La investigación se inició en marzo de 2026 por parte del Seprona al detectar anomalías en el cauce. Tras inspecciones técnicas, los agentes localizaron un sistema de tuberías ocultas que evacuaba directamente el residuo desde unas balsas. Según el comunicado, el vertido avanzó a lo largo de alrededor de 7 kilómetros a través de barrancos que suelen permanecer secos hasta alcanzar un curso principal que desemboca en el embalse.
Análisis y riesgos ambientales
Las muestras de agua recogidas en distintos puntos del recorrido fueron analizadas por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Sevilla, que confirmó que los niveles de contaminación eran «totalmente compatibles» con alpechín, según la Guardia Civil. Este residuo contiene gran cantidad de materia orgánica que consume el oxígeno disuelto en el agua, lo que puede provocar efectos tóxicos sobre organismos acuáticos e incluso la muerte por asfixia de peces y plantas.
- Origen del residuo: alpechín, sobrante de almazaras y procesado de aceituna.
- Trayectoria: bombas y tuberías ocultas desde balsas hasta barrancos y curso principal; recorrido aproximado de 7 km.
- Destino final: pantano del Chanza, embalse de uso prioritario para consumo humano.
Implicaciones jurídicas
La Guardia Civil señala que estos hechos podrían constituir un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. El comunicado recuerda las consecuencias penales previstas: penas de prisión de seis meses a dos años, multas económicas e inhabilitación especial para profesión u oficio, según la calificación penal citada por la nota informativa.
La operación, denominada 'Oleo', continúa abierta y la investigación policial determinará tanto el alcance real de la contaminación como la responsabilidad penal y administrativa de las personas y la empresa implicadas.
Contexto y alerta
El caso subraya dos cuestiones recurrentes en la gestión de residuos agrícolas y agroindustriales en España: la necesidad de control sobre las balsas y sistemas de almacenamiento de subproductos y la vulnerabilidad de masas de agua usadas para abastecimiento ante vertidos ilegales. La actuación del Seprona y los análisis forenses han servido para documentar el tipo de residuo y su progresión hasta un embalse con uso humano prioritario.
Las autoridades competentes —agentes judiciales, servicios de medio ambiente y salud pública— deberán evaluar ahora los riesgos potenciales para el abastecimiento y decidir las medidas de respuesta, que pueden incluir clausura de captaciones, tratamiento de agua, sanciones y, en su caso, actuaciones de reparación ambiental.
