Las autoridades argentinas desarticularon una organización dedicada al reciclaje informal de baterías de automóvil que sometía a trabajadores a condiciones de explotación y los exponía a sustancias altamente tóxicas, informó Noticias Argentinas el 22 de octubre de 2026. El operativo concluyó con cinco detenidos, el rescate de 14 personas y la clausura de dos instalaciones en la provincia de Buenos Aires.
Operativa y hallazgos
La investigación, iniciada tras la denuncia de un hospital público por el fallecimiento de un trabajador intoxicado en una planta de Tortuguitas, permitió detectar actividades de fundición de plomo y procesamiento de chatarra ferrosa vinculadas al reciclaje de baterías. Los empleados vivían en contenedores en los propios predios y trabajaban sin los equipos de protección necesarios, según los informes periciales y la denuncia presentada por el Ministerio de Trabajo de la provincia ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).
Intervinieron el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y la aseguradora, que aportaron evaluaciones médicas y técnicas que confirmaron intoxicaciones y condiciones laborales insalubres. Además de la planta de Tortuguitas, la pesquisa localizó un segundo predio en Malvinas Argentinas que no figuraba declarado ante ninguna autoridad y que también fue clausurado.
Impacto sobre salud y seguridad
El reciclaje informal de baterías implica la manipulación de metales pesados —especialmente plomo— y la emisión de humos y polvos peligrosos si no se aplican controles industriales y protecciones individuales y colectivas. En este caso, los reportes de intoxicación y la muerte de al menos un trabajador fueron el detonante del caso, según la cobertura de Noticias Argentinas.
- Detenciones: cinco personas, entre ellas el presunto líder de la organización y cuatro colaboradores.
- Rescatados: 14 trabajadores con distintos grados de intoxicación.
- Medidas administrativas: clausura de dos fábricas implicadas en la actividad ilícita.
El expediente pasó por el Juzgado Federal Criminal y Correccional de Tres de Febrero, a cargo del juez Juan Manuel Culotta, conforme a la información periodística disponible.
Dimensión penal y administrativa
La actuación conjunta entre el Ministerio de Trabajo provincial, PROTEX y la policía refleja la confluencia entre delitos laborales, trata de personas y riesgo ambiental y sanitario en operaciones de reciclaje clandestinas. Las autoridades laborales y sanitarias realizaron evaluaciones técnicas y médicas que sirvieron para fundamentar la denuncia y las medidas cautelares.
El caso pone de relieve desafíos habituales en la gestión de residuos peligrosos: la presencia de operadores informales que operan fuera de la normativa, el riesgo para la salud de trabajadoras y trabajadores y la dificultad de controlar cadenas de reciclaje que mezclan actividades industriales con explotación laboral.
Voceros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y del Ministerio de Trabajo aportaron informes que, según la agencia, permitieron identificar indicios de explotación y exposición tóxica. Las diligencias incluyeron inspecciones, clausuras y la atención médica de las personas rescatadas.
El episodio subraya la necesidad de reforzar controles sobre plantas de reciclaje de baterías y chatarra, así como mecanismos de denuncia y protección para trabajadores en sectores de alto riesgo químico, y plantea preguntas sobre la trazabilidad y las redes que canalizan residuos peligrosos hacia circuitos informales.