La transformación agrícola de la vega del Jarama ha abierto un conflicto entre vecinos, organizaciones ecologistas, administraciones y la empresa Sancorganic en Valdetorres del Jarama (Madrid). La compañía gestiona una finca de 500 hectáreas dedicada al cultivo de pistacho que, según la información publicada por EL PAÍS el 2 de noviembre de 2026, incluye una zona situada junto a la Red Natura 2000 y a un monte de utilidad pública.
Una conversión de terreno forestal cuestionada
El proyecto comenzó en 2022. Una parte de la actuación requirió convertir en agrícola más de 50 hectáreas que tenían la consideración de suelo forestal. La autorización no impidió, sin embargo, que surgieran denuncias sobre la ejecución de los trabajos y sobre el efecto de la explotación en el entorno del río.
María Ángeles Nieto, portavoz de la Plataforma Ecologista Madrileña, sostiene que la empresa instaló inicialmente un vallado que entraba en terrenos protegidos, vías pecuarias y monte público. Según su versión, la Consejería de Medio Ambiente sancionó esa actuación. Sancorganic confirma que tuvo que retranquear la valla para evitar esos espacios y afirma que abonó una multa de casi 3.000 euros, según recogió el diario.
“Vallaron la zona y se metieron dentro de la Red Natura 2000”.
El cerramiento también ha generado preocupación por sus efectos sobre la fauna. Los colectivos críticos han difundido imágenes de corzos muertos junto a la valla y de otros animales que trataban de alcanzar el río para beber. La empresa asegura que adoptó medidas para resolver ese problema y que los animales ya no encuentran impedimentos para acceder al agua. La disputa refleja una de las tensiones habituales en la expansión de cultivos intensivos: la protección de la explotación puede dificultar los desplazamientos de la fauna si no se mantienen corredores y accesos.
Árboles y agua, otros frentes del conflicto
La Plataforma Ecologista Madrileña acusa además a Sancorganic de haber talado fresnos centenarios bajo el argumento de que iban a ser podados. La empresa rechaza esa interpretación y afirma que los trabajos estuvieron supervisados por agentes forestales y se realizaron “conforme al procedimiento”. En este punto, las posiciones de ambas partes difieren sobre la naturaleza de la intervención y sobre el cumplimiento de las condiciones ambientales.
El uso del agua ha provocado una actuación administrativa concreta. La explotación empezó a regar los pistachos plantados con agua procedente de un pozo gestionado por el Ayuntamiento de Valdetorres. La Confederación Hidrográfica del Tajo sancionó al Consistorio con más de 210.000 euros. El organismo, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, indicó a EL PAÍS que en 2022 inició los trámites por un sondeo con equipos de extracción activos desde el que se obtenía agua para el riego.
- 500 hectáreas ocupa la explotación de pistachos gestionada por Sancorganic.
- Más de 50 hectáreas forestales fueron convertidas en terreno agrícola.
- La Confederación Hidrográfica del Tajo impuso al Ayuntamiento una sanción de más de 210.000 euros por el uso del pozo para riego.
Los vecinos y los grupos ecologistas responsabilizan de la situación a la empresa, al Ayuntamiento y al Gobierno regional. La compañía, por su parte, defiende que ha corregido el trazado del vallado, que ha aplicado medidas para facilitar el paso de los animales y que las actuaciones sobre la vegetación contaron con supervisión forestal. El caso deja así pendientes de valoración los daños denunciados y el alcance de las medidas adoptadas, mientras las sanciones citadas documentan que al menos parte de las actuaciones administrativas ya ha tenido consecuencias.
