Casi 200 países han aprobado en Ereván nuevos textos negociados durante dos semanas en la COP17 de biodiversidad de la ONU, con el objetivo de reactivar los compromisos internacionales para frenar la destrucción de la naturaleza antes de 2030. La decisión se produjo el viernes, después de que las conversaciones se prolongaran más allá del calendario previsto y en un contexto marcado por las discrepancias sobre el dinero disponible para conservar los ecosistemas.
La presidencia de la conferencia anunció la aprobación de los documentos ante los delegados reunidos en la capital de Armenia. Las versiones finales de los textos no estaban disponibles de inmediato, por lo que la información difundida tras el cierre de la cumbre no detalla todavía el contenido completo de cada acuerdo. El presidente de la COP17, Hambardzum Matevosyan, celebró el desenlace mientras hacía sonar el mazo de la sesión.
«Y eso es todo. Perfecto».
La aprobación llega cuatro años después del pacto mundial adoptado en 2022 para detener la pérdida de biodiversidad durante esta década. Antes de la reunión, Naciones Unidas había advertido de que la trayectoria internacional no permitía alcanzar buena parte de las metas previstas sin un cambio urgente de rumbo. Entre los objetivos amenazados figura la protección del 30 % de la superficie terrestre y de los océanos, además de la reducción de la contaminación y el aumento de los recursos destinados a los países con menos capacidad financiera.
Un acuerdo bajo presión por el incumplimiento
Un borrador difundido antes de la conclusión de la COP17 planteaba la necesidad de acelerar la actuación y afrontar las causas estructurales de la pérdida de naturaleza. El texto señalaba que los países debían intensificar sus medidas para mantener vigente el pacto de 2022, aunque también recogía varias alternativas para tratar de alcanzar los compromisos fijados para 2030.
Las negociaciones mostraron que el problema no se limita a declarar áreas protegidas. Los Gobiernos discutieron cómo modificar ayudas e incentivos que favorecen actividades con efectos negativos sobre los ecosistemas, entre ellas:
- la producción de combustibles fósiles;
- la agricultura intensiva;
- la sobrepesca;
- y otros apoyos públicos considerados perjudiciales para la naturaleza.
La financiación fue otro de los principales focos de conflicto. Los países debatieron la creación o movilización de nuevas fuentes de recursos para sostener la conservación en distintas regiones del mundo, una cuestión especialmente sensible mientras los presupuestos públicos afrontan otras prioridades. La discusión también refleja la desigual capacidad de los Estados para proteger sus territorios y restaurar hábitats degradados.
Del compromiso político a la aplicación
Los textos aprobados pretenden devolver impulso al pacto internacional, pero la propia negociación evidencia la distancia entre los objetivos políticos y su aplicación. La protección de ecosistemas, el control de la contaminación y la eliminación de incentivos dañinos requieren decisiones nacionales y financiación sostenida, además de una evaluación del avance durante los próximos años. La información disponible tras la clausura de la conferencia permite confirmar la aprobación de los acuerdos, pero no valorar aún todas sus disposiciones operativas.
