La sección de lo contencioso-administrativo del Tribunal de Instancia de Santa Cruz de Tenerife ha dictado la suspensión cautelar de la tala que se estaba llevando a cabo en el barrio de La Salud. La medida atiende un recurso presentado por la asociación Los Árboles Hablan contra el proyecto municipal modificado para la demolición de la iglesia de San Gerardo y la rehabilitación de la zona, y responde, según la notificación a la que ha tenido acceso EFE, a la falta de documentación exigida por la normativa autonómica.
En su escrito la asociación alegó que la ejecución de la obra implicaba la tala de 20 árboles y que, a la fecha de la petición, aún quedaban por talar 14 ejemplares. El tribunal ha estimado que existen indicios suficientes de “prosperabilidad evidente” del recurso al constatar la carencia de informes técnicos que avalen la necesidad de la intervención.
“Prosperabilidad evidente” — sección de lo contencioso-administrativo del Tribunal de Instancia de Santa Cruz de Tenerife, según notificación recogida por EFE.
Motivos jurídicos y ambientales de la suspensión
El fallo recoge dos deficiencias fundamentales en la tramitación administrativa: la ausencia de un informe fitosanitario que evalúe el estado de cada árbol y la falta de una valoración de emplazamientos alternativos, ambos requisitos previstos en la Ley sobre protección de arbolado urbano y de arbolado de especial protección de Canarias. Sin esos documentos, subraya el tribunal, no puede acreditarse que los árboles no sean trasplantables ni que la tala sea la única solución técnica posible.
La medida cautelar concede prioridad a la protección de las especies arbóreas y al procedimiento legal en la fase previa a la ejecución de obras que pueden causar daños medioambientales irreversibles. El auto, que según EFE no admite recurso, obliga a la paralización inmediata de las actuaciones de tala en la zona afectada.
Reclamaciones y argumentos de la asociación
La Asociación Los Árboles Hablan presentó el recurso tras la aprobación por parte del Ayuntamiento, en abril pasado, del proyecto modificado para demolición y rehabilitación. En su demanda la organización sostiene que la actuación se ha tramitado sin los informes obligatorios y denuncia que la tala es desproporcionada, en especial porque se justificaría por la habilitación de un aparcamiento catalogado por la propia Administración como provisional.
- Árboles en riesgo: 20 previstos en la actuación; 14 aún pendientes de tala según el recurso.
- Falta administrativa: no constan informes fitosanitarios ni evaluación de alternativas, exige la Ley canaria sobre arbolado urbano.
- Decisión judicial: suspensión cautelar estimada por prosperabilidad del recurso; auto notificado a EFE y sin posibilidad de recurso.
Implicaciones prácticas
La paralización obliga al Ayuntamiento a revisar la documentación del expediente y, en su caso, a producir los informes técnicos omitidos o a replantear la intervención para garantizar el cumplimiento de la normativa sectorial. Si la Administración no aporta los estudios exigidos, la tala no podrá continuar mientras subsista la protección cautelar.
El caso subraya la relevancia de los informes fitosanitarios y de alternativas técnicas en proyectos urbanos que afectan al arbolado: no solo acreditan el estado sanitario de cada ejemplar, sino que permiten evaluar posibilidades de trasplante, integridad de especies de especial protección y medidas de mitigación antes de autorizar una pérdida irreversible de masa arbórea.
| Elemento | Dato |
|---|---|
| Árboles previstos para tala | 20 |
| Árboles aún por talar (según la demanda) | 14 |
| Base legal citada | Ley sobre protección de arbolado urbano y de arbolado de especial protección de Canarias |
La noticia fue difundida por EFE el 21 de octubre de 2026, que tuvo acceso a la notificación judicial. El auto cautelar se ha dictado en el marco contencioso-administrativo de la capital tinerfeña y, según la información publicada, no admite recurso.
La resolución abre ahora un periodo en el que el Ayuntamiento deberá justificar técnicamente la intervención prevista o replantearla, y en el que la ciudadanía y las organizaciones conservacionistas podrán exigir que cualquier actuación sobre el arbolado respete las obligaciones legales y las alternativas de conservación.