El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este viernes el Proyecto de Ley de Biodiversidad y de los Recursos Naturales, una norma que inicia ahora su recorrido parlamentario. El texto pretende establecer un marco común para la conservación de los hábitats, las especies silvestres y los ecosistemas del archipiélago, según explicó el Ejecutivo autonómico en un comunicado.
La propuesta parte de la singularidad biológica de las islas, que albergan un elevado número de especies endémicas. El proyecto busca ordenar las responsabilidades de la comunidad autónoma, los cabildos y los ayuntamientos, una delimitación con la que el Gobierno canario pretende reducir los conflictos administrativos en la gestión del patrimonio natural.
Más control sobre los espacios y las especies
Entre las medidas previstas figura un sistema más definido de control, inspección y sanción ante las infracciones ambientales. La iniciativa también plantea mejorar la administración de los espacios naturales y de la Red Natura 2000, además de reforzar los sistemas de información científica empleados por las instituciones canarias.
- Integración de herramientas de seguimiento como BIOTA, RedVIGÍA y RedPROMAR.
- Elaboración de planes de recuperación para especies amenazadas.
- Medidas específicas frente a la contaminación lumínica.
- Refuerzo de la red REDEXOS para controlar y erradicar especies exóticas invasoras.
El texto incorpora asimismo el ecoturismo, la investigación y la educación ambiental como actividades compatibles con la conservación. La aprobación del proyecto no convierte todavía estas previsiones en obligaciones vigentes: el documento deberá debatirse en el Parlamento de Canarias y someterse al proceso de tramitación correspondiente, con participación de los grupos políticos, la comunidad científica y otros agentes sociales.
Advertencia sobre el catálogo de especies protegidas
La iniciativa llega acompañada de una advertencia del Consejo Consultivo de Canarias. Según la información publicada por eldiario.es, este órgano ha señalado que el proyecto permitiría modificar la lista de especies protegidas mediante una orden del titular de la consejería competente en materia de medio ambiente, sin que el cambio tuviera que recibir la aprobación del conjunto del Consejo de Gobierno.
La observación afecta a una de las piezas más sensibles de cualquier política de biodiversidad: qué especies reciben protección jurídica y bajo qué procedimiento puede alterarse esa condición. El planteamiento del Ejecutivo regional, según el comunicado citado, busca dotar de mayor coherencia al marco de conservación; la advertencia del órgano consultivo introduce, en cambio, una cuestión sobre las garantías administrativas aplicables a futuras catalogaciones y descatalogaciones.
El proyecto deberá aclarar ese aspecto durante su debate parlamentario, junto con el alcance de las competencias territoriales y de las medidas de vigilancia. El resultado determinará cómo se aplican en Canarias los planes de recuperación, la gestión de los espacios protegidos y la respuesta frente a las especies introducidas que amenazan a la fauna y la flora autóctonas.
