Cinco organizaciones ecologistas han advertido de que la nueva versión del real decreto destinado a regular los centros de datos podría reducir las exigencias ambientales y energéticas previstas inicialmente. Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF España reclaman al Gobierno que mantenga una regulación vinculante y exigente antes de cerrar el texto definitivo.
La alerta, difundida el 3 de noviembre de 2026, se refiere a una versión del proyecto que, según las entidades, introduciría cambios con capacidad para ampliar el margen de actuación de estas infraestructuras. Las organizaciones sostienen que esas modificaciones no responden a las principales peticiones que formularon durante el proceso de participación pública.
Tres cambios que preocupan a las organizaciones
El primer punto cuestionado es la ampliación hasta cinco años del periodo concedido para adaptarse a las obligaciones. Las entidades también señalan que el umbral de potencia que determinaría qué instalaciones quedan sometidas a la regulación habría aumentado. El tercer aspecto tiene que ver con la electricidad: las condiciones para que los centros de datos incorporen nueva generación renovable serían, a su juicio, menos estrictas.
- Más tiempo para cumplir las obligaciones ambientales y energéticas.
- Un umbral de potencia más elevado para aplicar la regulación.
- Mayor flexibilidad en la exigencia de respaldar el consumo con nuevas renovables y de demostrar la coincidencia entre generación y demanda.
Las organizaciones consideran que la electricidad consumida por los nuevos centros de datos debería proceder en su totalidad de instalaciones renovables adicionales. Además, piden que existan mecanismos de trazabilidad que permitan comprobar tanto el origen de esa energía como su correspondencia horaria y geográfica con el consumo. Su objetivo declarado es evitar que el crecimiento de la demanda se traduzca en una mayor utilización de combustibles fósiles, en un aumento de los costes energéticos de los hogares o en una menor disponibilidad de electricidad renovable para otros sectores que también deben descarbonizarse.
Flexibilidad eléctrica y límites ecológicos
El comunicado reconoce que la posibilidad de adaptar el consumo y de desconectar estas instalaciones cuando el sistema eléctrico atraviese momentos de tensión puede aportar ventajas. Sin embargo, las entidades sostienen que esas herramientas no deben reemplazar la obligación de añadir capacidad renovable suficiente para cubrir la demanda nueva. En su planteamiento, gestionar el consumo no equivale a garantizar que la electricidad adicional tenga un respaldo renovable propio.
La discusión afecta a una infraestructura cuyo funcionamiento requiere un suministro eléctrico continuo y que, según las organizaciones, debe evaluarse teniendo en cuenta los límites ecológicos y el interés general. Por eso reclaman que el despliegue de los centros de datos se coordine con la transición energética, en lugar de trasladar sus necesidades de electricidad a un sistema que también debe atender la electrificación de otros usos.
Una regulación todavía pendiente
Las cinco entidades no presentan sus advertencias como una valoración de una norma ya aprobada, sino como una respuesta a los cambios conocidos en la nueva versión del proyecto. Su petición al Gobierno es que el texto definitivo conserve unas obligaciones suficientes para asegurar que el crecimiento de estas instalaciones no debilite los objetivos ambientales ni aumente la presión sobre los recursos.
La controversia se centra así en el alcance de las garantías que acompañarán a la expansión de los centros de datos: cuándo deberán cumplir las exigencias, a partir de qué potencia se aplicarán y cómo tendrán que demostrar que su consumo eléctrico está respaldado por nueva producción renovable. Para las organizaciones ecologistas, esas condiciones deben quedar fijadas de forma clara y obligatoria, sin que las medidas de flexibilidad del sistema sirvan para sustituirlas.
