Una reciente expedición de creadores de contenido al Parque Nacional Jaua‑Sarisariñama ha reabierto el debate sobre la gestión y la fiscalización de actividades en áreas protegidas de Venezuela. Según informó el medio TalCual, el Sindicato Unitario Nacional de Empleados Públicos del Instituto Nacional de Parques (Sunep‑Inparques) denunció actividades no autorizadas tras la visita de Valentina Quintero e Isaías Landaeta al tepuy Sarisariñama, en el estado Bolívar.
Una fuente de la Dirección de Parques Nacionales, que pidió anonimato, confirmó a TalCual que Inparques emitió un permiso para sobrevolar el tepuy y para posarse «temporalmente en la meseta». No obstante, la misma fuente explicó que la autorización no incluía el ingreso a la Sima Humboldt, «porque ese es un espacio de alta fragilidad que debería ser conservado como sitio de investigación, no de turismo», según la información.
«Porque ese es un espacio de alta fragilidad que debería ser conservado como sitio de investigación, no de turismo», declaró una fuente de la Dirección de Parques Nacionales a TalCual.
El caso puso además de relieve el uso del Sistema Automatizado de Procedimientos Administrativos en Parques Naturales y Monumentos Naturales (Siapap), la plataforma mediante la cual se tramitan permisos. La plataforma exige citada, que las solicitudes se registren con al menos 15 días hábiles de antelación y que, al completarse, genere una providencia administrativa firmada por la Presidencia de Inparques que detalla las actividades permitidas y sus condiciones.
Requisitos y controles que exige la normativa
TalCual recoge que los requisitos varían según la naturaleza de la actividad solicitada. Para investigaciones científicas se requiere una memoria descriptiva del proyecto, la lista de participantes y, cuando participen investigadores extranjeros, pasaportes y avales de universidades nacionales o internacionales. Para actividades turísticas la normativa exige el registro mercantil de la empresa organizadora, una memoria logística y el número exacto de turistas.
Sin embargo, la denuncia del sindicato y la reacción de defensores ambientales reflejan una percepción de silencio institucional y una sensación de que los controles formales no siempre se traducen en vigilancia efectiva sobre el terreno. Los conservacionistas subrayan en particular la vulnerabilidad de espacios como la Sima Humboldt, cuya integridad es prioritaria para la investigación y la conservación.
- Denuncia: Sunep‑Inparques alertó de actividades no autorizadas tras la difusión de los videos de la expedición.
- Permisos: Inparques habría autorizado el sobrevuelo y el aterrizaje temporal en la meseta, pero no el acceso a la Sima Humboldt, según una fuente anónima citada por TalCual.
- Tramitación: Los permisos se gestionan por el sistema Siapap, que expide una providencia administrativa que condiciona las actividades dentro del parque.
La información publicada por TalCual sugiere tensiones recurrentes entre la apertura de áreas protegidas a usos científicos, turísticos o divulgativos y la necesidad de preservarlas estrictamente. La Sima Humboldt, por su singularidad geológica y biológica, figura entre los lugares cuya perturbación puede tener consecuencias difíciles de revertir.
La denuncia del sindicato y la confirmación parcial de la fuente interna plantean preguntas sobre la transparencia en la emisión de permisos y sobre los mecanismos de control una vez autorizadas las actividades. Los defensores de la conservación reclaman que los criterios para autorizar ingresos a zonas de alta fragilidad sean aplicados con mayor rigor y que existan inspecciones y sanciones claras cuando se vulneren los límites establecidos por la normativa.
El caso del Jaua‑Sarisariñama vuelve a poner en primer plano las dificultades de gestionar espacios remotos y sensibles: la existencia de un procedimiento administrativo formal no elimina la necesidad de controles operativos y de una política pública que priorice la protección científica de los enclaves más frágiles.
