El Ministerio de Ambiente de Colombia ha revocado la Resolución 0961 de 2026, que declaraba y delimitaba el bioma amazónico colombiano como reserva definitiva de recursos naturales. La decisión deja sin efecto una medida que restringía la puesta en marcha de nuevos proyectos mineros y petroleros en aproximadamente 483.283 kilómetros cuadrados, según la información publicada el 28 de octubre de 2026.
La resolución retirada afectaba a una extensa superficie de la Amazonía colombiana y vinculaba la protección ambiental con la limitación de nuevas actividades extractivas. Su revocación ha provocado el rechazo de comunidades indígenas y de varios representantes políticos de la región, que han expresado su preocupación por los posibles efectos sobre los bosques, el agua y los territorios ancestrales.
Una decisión ligada a la consulta previa
El Gobierno colombiano justifica la revocatoria por la falta de consulta previa con las comunidades negras y afrocolombianas. Según el Ministerio de Ambiente, el procedimiento no habría incorporado adecuadamente a estos grupos antes de declarar y delimitar la reserva ambiental.
El departamento ministerial sostiene que la retirada de la resolución no elimina las demás medidas legales de protección ambiental que continúan vigentes. También ha indicado que estudiará nuevas actuaciones una vez que se completen las consultas y los estudios correspondientes, sin precisar en la información disponible cuál será el calendario de ese proceso ni el alcance de una eventual nueva figura de protección.
- La Resolución 0961 de 2026 declaraba el bioma amazónico colombiano como reserva definitiva de recursos naturales.
- La medida restringía nuevos proyectos mineros y petroleros en aproximadamente 483.283 kilómetros cuadrados.
- El Ministerio atribuye la revocación a la ausencia de consulta previa con comunidades negras y afrocolombianas.
Preocupación por los bosques y el agua
Las comunidades indígenas y los representantes políticos que han cuestionado la decisión consideran que la revocatoria podría facilitar la apertura de nuevas actividades extractivas en la Amazonía. Su advertencia se centra en el riesgo para los bosques, los recursos hídricos y los territorios de comunidades que mantienen una relación directa con estos ecosistemas.
El caso sitúa en el mismo debate tres ámbitos que el Gobierno deberá compatibilizar en el proceso anunciado: la conservación de la Amazonía, los derechos de las comunidades étnicas y las posibilidades de desarrollo económico asociadas a la minería y la explotación petrolera. Por ahora, el Ministerio de Ambiente mantiene que las protecciones legales restantes siguen en vigor y que cualquier paso posterior deberá producirse después de completar las consultas y los estudios mencionados.
