Greenpeace México y la Red en Defensa del Agua y el Territorio Maya To’one Ja’o’on (Somos Agua) presentaron en octubre de 2026 una demanda en la que advierten de la contaminación de fuentes de agua subterránea en el estado de Yucatán vinculada a la actividad de granjas porcícolas. Según el análisis presentado por las organizaciones, 17 pozos y cenotes muestreados en seis localidades dieron positivo en contaminantes asociados a estiércol animal y aguas residuales del sector porcícola.
Hallazgos y guías de riesgo
El examen de calidad del agua documentado por Greenpeace señala la presencia de materia orgánica, bacterias patógenas, exceso de nutrientes e indicadores fecales porcinos en los puntos analizados, que incluyen cenotes y pozos usados por comunidades mayas para consumo doméstico y riego. Las localidades mencionadas en los comunicados y notas periodísticas son Kinchil, Sitilpech, Motul, Chocholá, Molas, Celestún y San Antonio Tedzidz, con este último entre los más afectados.
“El agua es un bien común y un derecho fundamental. Las comunidades mayas no exigen nuevas promesas”, afirmó Greenpeace.
Greenpeace también alerta de que, según su investigación, cerca del 90 % de las granjas porcícolas operan sin las autorizaciones ambientales requeridas, lo que impide evaluar debidamente su impacto en el acuífero que abastece a gran parte de la población local, incluida la ciudad de Mérida.
Conflicto con autoridades y traslados de instalaciones
Las organizaciones denunciantes acusan a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de no haber clausurado explotaciones documentadas como contaminantes y de haber llevado a cabo reuniones bilaterales con empresarios del sector porcícola sin la participación de las comunidades afectadas. Señalan además la existencia de convenios que trasladan competencias al gobierno del estado de Yucatán para la autorización y supervisión de unidades de producción.
En su comunicado también advierten sobre la reubicación de una granja a las localidades de Tebacal y San Antonio Tzacala, ubicadas a unos 15 kilómetros de Molas, una zona considerada estratégica para el suministro de agua de Mérida. La granja había sido cerrada previamente por daño ambiental, según las organizaciones.
Demandas de las comunidades
- Inspecciones efectivas e independientes a las granjas porcícolas.
- Clausura o sanción de las instalaciones que operen sin autorización o que contaminen.
- Reparación integral del daño ambiental y medidas preventivas frente a la expansión industrial porcícola.
- Mecanismos de diálogo transparentes con participación de las comunidades mayas.
Las organizaciones recuerdan que la población yucateca depende mayoritariamente del agua subterránea y de los sistemas kársticos (cenotes), por lo que la contaminación de estos cuerpos de agua representa una amenaza para la salud pública y para la seguridad hídrica local.
Datos resumidos
| Acontecimiento | Detalle |
|---|---|
| Muestreo positivo | 17 pozos y cenotes con materia orgánica, bacterias e indicadores fecales (Greenpeace, octubre de 2026) |
| Operaciones irregulares | Aproximadamente 90 % de las granjas sin evaluación de impacto ambiental (Greenpeace, octubre de 2026) |
| Autoridades señaladas | Profepa, Semarnat y Conagua por presunta falta de acciones de inspección y sanción (comunicado conjunto, octubre de 2026) |
| Zonas afectadas citadas | Kinchil, Sitilpech, Motul, Chocholá, Molas, Celestún y San Antonio Tedzidz (Greenpeace) |
Los colectivos exigen que las autoridades procedan con inspecciones y medidas de reparación y reclaman su inclusión en cualquier negociación o convenio que afecte a las competencias de supervisión ambiental. La denuncia pública se enmarca en un conflicto prolongado: en 2024 ya existían estudios coordinados por la Red To’one Ja’o’on que vinculaban contaminación a granjas; las organizaciones sostienen que, un año después, persisten problemas sin resolver y han surgido nuevos focos de riesgo.
La situación plantea preguntas sobre la protección del acuífero y la gobernanza ambiental en un territorio donde el agua subterránea es el recurso principal para comunidades rurales y centros urbanos. Las demandas incluyen medidas concretas de fiscalización ambiental, transparencia en las actuaciones de las autoridades y la reparación del daño a las comunidades y ecosistemas afectados, según el comunicado conjunto de Greenpeace y la Red To’one Ja’o’on (octubre de 2026).