Grabar a funcionarios y subirlo a Youtube puede ser libertad de expresión, según el Tribunal de Justicia

La Sala Segunda aclara, en una sentencia, que solo es lícito un uso “exclusivamente con fines periodísticos” de las imágenes que contienen datos personales

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha respondido a una cuestión prejudicial del Tribunal Supremo de Letonia que es relevante para la interpretación del límite entre el derecho a la intimidad y la libertad de expresión en todo el espacio europeo de derechos y libertades. El Diario Oficial de la UE publicó este martes 9 de abril de 2019 el fallo de la Sentencia en el litigio C-345/17, dictada el 14 de febrero, en el que la Sala Segunda, presidida por Koen Lenaerts, presidente del Tribunal en funciones de presidente de la Sala, aclara cómo aplicar la Directiva europea 95/46, de 1995, sobre Protección de Datos Personales, derogada por el Reglamento General 2016/679, de 2016, que ha entrado en vigor el 1 de mayo de 2018.

En esencia, el Tribunal de Justicia indica en la Sentencia que el tratamiento de datos personales “con fines exclusivamente periodísticos” es lícito en la Unión Europea (Artículo 9 de la Directiva de 1996; Considerando 153 y artículo 85.2 del RGPD de 2016), y ofrece unos criterios para comprobar que el uso de unos datos personales se hace amparado por la libertad de expresión, es decir, “con fines periodísticos o con fines de expresión académica, artística o literaria” (artículo 85.2 del RGPD). 

El origen de la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo de Letonia es un litigio entre un ciudadano de este Estado miembro, Sergejs Buivids, y la Agencia letona de Protección de Datos. El señor Buivids fue sancionado por la Agencia, por grabar en vídeo y publicar en Youtube su propia declaración en una comisaría de Policía, durante la tramitación de un expediente administrativo sancionador. En el vídeo aparecen varios funcionarios de policía “y la actividad que realizaban en la comisaría”, según resume el Tribunal de Justicia en la exposición de los hechos. Al recurrir la sanción de la Agencia de Protección de Datos, el autor del vídeo alegó ante los órganos jurisdiccionales de su país que grabó y publicó su propia declaración en Comisaría para “llamar la atención de la sociedad respecto a lo que, a su juicio, constituía una actuación ilegal de la policía”, según el relato del Tribunal de Justicia de la UE. 

El caso llegó al Tribunal Supremo, y este formuló una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia, con dos preguntas: primero, si grabar a funcionarios en una comisaría de policía realizando su trabajo es una actividad comprendida en el Derecho europeo sobre protección de datos personales; y segundo, si grabar a funcionarios en sus puestos de trabajo y subirlo a Youtube puede considerarse como “un tratamiento de datos personales con fines periodísticos”, y en consecuencia, se puede considerar esa actividad como un límite al derecho a la intimidad, tal y como prevé el Derecho europeo –primero, en la Directiva de 1995, y ahora, en el RGPD de 2016.

El Tribunal de Justicia ha respondido que sí a la primera pregunta. Sí es relevante para el Derecho europeo que se graben y se difundan datos personales de funcionarios en sus puestos de trabajo.

A la segunda pregunta, sobre si esa actividad puede llegar a ser un límite pertinente al derecho a la intimidad, el Tribunal responde en esencia que sí, siempre que el uso de los datos personales sea “con fines exclusivamente periodísticos”, algo que debe discernir el Tribunal Supremo de Letonia. Le ofrece –apoyándose en la jurisprudencia europea del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Derechos Humanos– una serie de criterios jurídicos para comprobarlo.

Argumentación jurídica

En la argumentación sobre cómo ponderar la libertad de expresión y el derecho a la intimidad está lo más interesante de la Sentencia, cuyo fallo se ha publicado este martes 9 de abril de 2019.

Koen Lenaerts
Koen Lenaerts, presidente del Tribunal de Justicia de la UE.– Fotografía: © UE, 2019.

El Tribunal de Justicia recuerda que el objetivo de la Directiva 95/46 sobre Protección de Datos Personales (ya derogada por el RGPD de 2016) es que los Estados miembros, “al tiempo que permiten la libre circulación de datos personales, garanticen la protección de las libertades y de los derechos fundamentales de las personas físicas y, en particular, del derecho a la intimidad, en lo que respecta al tratamiento de dichos datos”. La Sala Segunda, en su Sentencia, añade que ese objetivo “no puede alcanzarse sin tener en cuenta que los referidos derechos fundamentales han de conciliarse, en una cierta medida, con el derecho fundamental a la libertad de expresión”.

La Jurisprudencia del propio Tribunal de Justicia de la UE ya ha establecido que la libertad de expresión debe interpretarse con una visión amplia de “los conceptos relacionados con ella, entre ellos el del periodismo”. La actividad periodística –argumenta la Sentencia– no es solo la que realizan las empresas de medios de comunicación, sino también “toda persona” que ejerza el periodismo, es decir, que divulgue al público “información, opiniones o ideas, por cualquier medio de transmisión”.

Corresponde al Tribunal Supremo de Letonia, en este caso específico, determinar si la grabación controvertida se hizo “exclusivamente con fines periodísticos”, que es el requisito que el Derecho europeo indica para que el tratamiento de datos personales esté amparado por la libertad de expresión.

La actividad periodística –argumenta la Sentencia– no es solo la que realizan las empresas de medios de comunicación, sino también «toda persona» que divulgue al público «información, opiniones o ideas, por cualquier medio de transmisión»

No es relevante –señala la Sentencia– que el autor de la grabación no sea periodista de profesión, o que haya publicado el vídeo en Youtube. Cualquiera puede tratar datos personales “exclusivamente con fines periodísticos” sin ser un periodista profesional, viene a decir el Tribunal de Justicia de la UE en los decisivos puntos 55 y 56 de los fundamentos de la Sentencia.

Aun así, la Sala Segunda subraya que no está diciendo que este caso, en particular, esté amparado por la libertad de expresión. Corresponde al Tribunal Supremo de Letonia –reitera– comprobar si el tratamiento de los datos personales de los funcionarios de policía se hizo “exclusivamente con fines periodísticos”, como alega el autor del vídeo.

La Sentencia subraya en varias ocasiones la expresión “exclusivamente con fines periodísticos”, citando la Directiva europea –la expresión ha pasado, en los mismos términos, al artículo 85.2 del RGPD de 2016–, para alertar de que no sería lícito que el uso de los datos personales tuviese otros fines, además de los periodísticos. El Tribunal Supremo de Letonia –en este caso– “debe comprobar si se desprende del vídeo controvertido que su grabación y su publicación tenían como única finalidad la divulgación al público de información, opiniones o ideas”, y si resulta que “no tenían como única finalidad” esa divulgación, “no podrá considerarse que el tratamiento de datos personales” se haya realizado “con fines exclusivamente periodísticos”.

La Sentencia menciona los criterios establecidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para “efectuar la ponderación entre el derecho al respeto de la intimidad y el derecho a la libertad de expresión”. Entre otros, los jueces deben tener en cuenta si la grabación contribuyó a un debate de interés general, la notoriedad de los funcionarios afectados, el objeto del reportaje, el comportamiento anterior del autor, el contenido, la forma y las repercusiones de la publicación, la forma y las circunstancias en las que se obtuvo la información y su veracidad. También se pide a los jueces que tengan en cuenta si el autor del vídeo adoptó alguna medida que mitigase “el alcance de la injerencia en el derecho a la intimidad”.

El Tribunal de Justicia no entra a juzgar si el caso específico está amparado por la libertad de expresión. No fue ese el objeto de la cuestión prejudicial. Simplemente, responde al Tribunal Supremo de Letonia y a todos los jueces de la UE que un uso exclusivamente periodístico de datos personales está amparado por la libertad de expresión en la Unión Europea, y que no es necesario ser periodista profesional ni la empresa de un medio de comunicación para hacer un uso periodístico de datos personales. Eso sí, la Sentencia también recuerda a los jueces que, cuando haya litigio, deben comprobar que el uso de los datos personales ha sido, en efecto, para divulgar información, opiniones o ideas que contribuyen a un debate de interés general, y no con otro fin distinto.

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