Suelo mojado, política de cohesión en obras

Un Interreg para las regiones ultraperiféricas en los fondos europeos 2021-2027.

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EL CONSEJO SIGUE examinando el paquete legislativo de la Política de Cohesión para 2021-2027. La formación de Asuntos Generales aborda en su reunión de este viernes 30 de noviembre en Bruselas la arquitectura de la cooperación entre regiones, conocida como objetivo Interreg, de singular relevancia para los territorios ultraperiféricos. La creación de un Interreg específico para las rup dotado con 270,1 millones de euros es una de las novedades de la propuesta de la Comisión. La presidenta del Consejo, la ministra austriaca Elisabeth Köstinger, ha tomado nota de que los Estados miembros están de acuerdo en este punto. El “Interreg Rup” puede recibir el visto bueno este 30 de noviembre.

La propuesta con los cinco borradores de regulación del paquete legislativo partió de la Comisión en mayo. Empezó a discutirse bajo la Presidencia búlgara, continúa bajo la austriaca y seguirá durante la rumana. No es para menos: uno de cada tres euros del presupuesto de la Unión Europea se destina a la política de cohesión, que nació como Fondo Social Europeo en 1957 junto con el Tratado de Roma. Si sale adelante la propuesta de la Comisión, el llamado “paquete de cohesión” que forman siete fondos europeos consumirá 330.000 millones de euros en el ciclo presupuestario 2021-2027. El objetivo de la Presidencia austriaca es fijar la posición del Consejo antes del 31 de diciembre en al menos dos de los fondos: el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y el Fondo de Cohesión.

Las cláusulas de excepción para las regiones ultraperiféricas son frecuentes en el paquete legislativo propuesto por la Comisión. Una simple consulta devuelve más de cien referencias a las rup en los cinco borradores. El anclaje jurídico de todas es el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento, que reconoce la condición geográfica ultraperiférica como el fundamento de una modulación específica del Derecho y de las políticas europeas. 

Además de acceder a los fondos europeos a través de los criterios de elegibilidad comunes –renta por habitante, desempleo juvenil, emisiones de CO2, acogida de migrantes,…– las rup disponen, desde el Tratado de Lisboa, de una asignación específica en el Feder. La propuesta de la Comisión es que sean 1.447 millones de euros entre los años 2021 y 2027, un 9,6% más que en el ciclo 2014-2020. 

Las rup tienen fueros excepcionales en la aplicación de los fondos europeos. En estas regiones, los recursos del Feder pueden ir a gastos de explotación en las empresas, algo que se prohíbe o se restringe al máximo en las demás regiones, porque se considera que puede alterar las reglas de una competencia justa. Las rup pueden, además, recurrir a la gestión indirecta de los proyectos Interreg con países vecinos, una facultad prohibida a las otras regiones europeas.

No es el futuro de la política de cohesión lo que tanto preocupa a las autoridades locales y los lobbies de las regiones ultraperiféricas. Es cierto: sus líderes alertaron en la reciente Conferencia Rup celebrada en Canarias contra un aspecto de la reforma de los fondos, la propuesta de reducir del 85% al 70% la cofinanciación europea de los proyectos. Aun así, es evidente que las rup mejoran su financiación en la propuesta de la Comisión.

Lo que de verdad inquieta en los gobiernos locales es la reforma de la política agraria, el otro pilar de los Fondos Estructurales y de Inversión. El peso del lobby agro-industrial es notable en estas regiones. Siguen siendo, después de todo, sociedades eminentemente rurales.  La política de cohesión ha producido resultados desiguales –de una región a otra– en el camino de la convergencia. Algunas, como Canarias, se han alejado, en vez de acercarse a la renta media europea. En cambio, la política agraria ha producido próceres felices y recelosos de cualquier cambio. Su agenda explica, en buena medida, el tono alarmista de la declaración final de la Conferencia de Canarias. Si creen que les va a ir mal a ellos, seguro que les irá peor a las élites políticas locales.